Las medidas procesales y organizativas por el COVID-19

Cuando se aprobó la declaración del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, una de las medidas que se adoptaron en el ámbito de la Administración de Justicia fue la suspensión de los términos y plazos procesales, con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas las personas en el artículo 24 de la Constitución (Derecho a la tutela judicial efectiva).

Debido a la ralentización que ha sufrido la Administración de Justicia debido a esta crisis sanitaria, el pasado 29 de abril se aprobó el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, entrando en vigor el 30 de abril de 2020.

Finalidades de este Decreto-Ley: procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión. Asimismo, deben adoptarse medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria.

Igualmente, se debe garantizar el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con dicha Administración. Procurando de esta manera evitar situaciones de contagio. Así, se incluyen medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de los ciudadanos y ciudadanas con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.

Las medidas procesales y organizativas por el COVID-19

El real decreto-ley se estructura en tres capítulos:

  • El capítulo I regula las medidas de carácter procesal: medidas para retomar la actividad ordinaria de los juzgados, además de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la propia crisis sanitaria
  • El capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario
  • El capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a afrontar de manera inmediata las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la Administración de Justicia.

medidas procesales y organizativas por el COVID-19

Medidas procesales

  • Habilitación parcial del mes de agosto: se declararán hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto de 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
  • Cómputo de plazos procesales y términos: los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Medidas en el ámbito concursal y societario

  • Modificación de convenios concursales en período de cumplimiento.
  • El aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación.
  • Medidas específicas respecto de acuerdos de refinanciación.
  • Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la obligación del deudor de solicitar el concurso de acreedores, a pesar de que cumpliera los requisitos legales para ello.
  • Aprobación de la tramitación preferente de determinados procedimientos, entre otros, los incidentes concursales en materia laboral.
  • Se crean otras medidas respecto a la enajenación de la masa activa, agilización del acuerdo extrajudicial de pagos, aprobación del plan de liquidación, impugnación del inventario y lista de acreedores o la suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

Medidas de carácter organizativo y tecnológico

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización, se adoptan las siguientes medidas:

  • Celebración de actos procesales vía telemática: constituido el Juzgado o Tribunal en sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Salvo en el ámbito penal, en el que será el juez quien decida. Siempre será necesaria la presencia física del acusado en delitos graves.
  • Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.
  • La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, presencialmente, pero siempre con cita previa.
  • Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas.
  • Se dispensará a los abogados de usar las togas.
  • Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.

Otra de las medidas de carácter organizativo que se han implantado por el COVID-19 es la creación de órganos judiciales especializados el procedimientos COVID-19.

El Ministerio de Justicia (previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada) podrá transformar los órganos judiciales. Aquellos órganos que estén pendientes de entrada en funcionamiento, podrán transformarse en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.

Se habilita al Ministerio de Justicia para que pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.

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